La Procuraduría de Justicia del Estado arraigó a tres mujeres en relación a una investigación por un posible tráfico de menores. Además, la Institución aseguró a 9 niños de entre 2 meses de nacidos y 2 años de edad.
Quienes se encuentran bajo la medida cautelar son Silvia Guadalupe Soto Abundis, de 32 años; Guadalupe Lizeth Bosques Montaño, de 31, y Cecilia Velázquez Díaz, de 33.
El arraigo de las tres mujeres se desprendió de las pesquisas realizadas por la Procuraduría del Estado luego de que la Policía Municipal de Zapopan arrestó a Laura Faiola (sic) Carranza Talamantes, de 21 años, a quien se le aseguraron una niña de 2 años y un bebé de 7 meses, hijos suyos.
La mujer fue acusada por una cuñada suya de haberle ofrecido en venta a uno de los menores y también de que "rentaba" al otro de sus hijos.
Aparte de la mujer detenida, la Policía Municipal remitió un contrato de un supuesto despacho jurídico, denominado López López Asociados, S.A., en el que se manifestaba que "rentó" a uno de sus hijos supuestamente para fotografía publicitaria en diferentes paisajes y lugares de Jalisco, por 500 pesos diarios, y durante un periodo por 15 días.
En la investigación que emprendió el área de Asuntos en Agravio de Menores, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, de la Procuraduría del Estado, se obtuvo información de otras mujeres que participaban en la "renta" de niños.
Así, se esclareció que una persona de nombre Cecilia Velázquez Díaz (quien es minusválida por haber sufrido la amputación de sus dos piernas debido a un accidente) recibía en su casa, ubicada en la calle Latón, de la colonia Arenales Tapatíos, a los menores que eran "rentados", para luego entregarlos a Guadalupe Lizeth Bosques y Silvia Guadalupe Soto, quienes iban por ellos en camionetas rentadas.
Luego ambas mujeres llevaban a los niños a un hotel en Guadalajara, en donde los entregaban a parejas de Irlandeses, radicados en Ajijic, a las que presuntamente les hacían creer que todo era parte de un proceso de adopción, que se estaba tramitando en Colima.
Por lo anterior, las tres mujeres fueron arraigadas, mediante una orden obtenida en el Juzgado Décimo Penal con sede en Puente Grande.
Al continuar con las pesquisas, se aseguraron a 9 niños –incluidos los dos hijos de Laura Faiola (sic) Carranza- ocho de los cuales tienen entre 2 y 8 meses de nacidos.
Se pudo establecer en las indagatorias que los contratos de "renta" de los niños con supuestos fines publicitarios, como el que se aseguró a Laura Faiola, sólo eran para que las madres de los bebés justificaran ante sus familias, la ausencia de los recién nacidos.
También se ha establecido que los extranjeros a los que se entregaban los bebés, pagaban mil 200 pesos por semana a las madres, desde que estaban embarazadas, más otros gastos como atención médica, vitaminas y medicinas.
Además se ha esclarecido que la manera de contactar a las mujeres embarazadas era a través de anuncios en periódicos.
La Procuraduría del Estado se encuentra en busca de otras personas que presuntamente participaban en los hechos, entre ellos un abogado que trabajó como agente del Ministerio Público en el año 2000.
La dependencia realiza una serie de indagatorias para determinar la responsabilidad de las madres de los niños asegurados así como para deslindar la de los extranjeros.
Las investigaciones se extienden al Estado de Colima, a fin del debido esclarecimiento de los hechos.
Como parte de las actuaciones se ordenaron peritajes a los 9 menores asegurados, de los que se desprende que cuatro resultaron con síntomas de abuso sexual, situación por lo que también se indaga quiénes son los responsables.
Además, con base en una orden del Juez Primero de lo Penal se realizó un Cateo en la casa de Guadalupe Lizeth Bosques, ubicada en la calle Iturbide, en el barrio de Santa Teresita, donde se aseguraron una laptop y varios formatos aparentemente utilizados en los hechos que se investigan. 
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