* Se establece la asesoría jurídica obligatoria y gratuita para las víctimas en cualquier momento del proceso legal.
MEXICO, D.F.- El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales facilitará la forma en que se imparte y administra la justicia en nuestro país, y permitirá a las víctimas de delitos una mayor participación en los procesos penales y en la defensa de sus legítimos derechos, afirmo Carlos Ríos Espinosa, Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
* La víctima tendrá una participación más activa en los procesos, tomando decisiones, y aportando pruebas directamente ante el juez, e incluso podrá oponerse a cuestiones que consideren irregulares.

En entrevista, el Comisionado destacó que uno de los aspectos más relevantes que contempla el nuevo modelo en beneficio de las víctimas es la incorporación de las asesorías jurídicas gratuitas a nivel local y federal, por lo que las autoridades están obligadas a proporcionar apoyo legal en cualquier momento del procedimiento.
El Mtro. Ríos Espinosa enfatizó que en la discusión y redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales, nuevo marco legal único para todo el país, se tuvo especial cuidado para armonizarlo con la Ley General de Víctimas, lo que permitirá garantizar todos los derechos de las víctimas establecidos en el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "específicamente al abrir la posibilidad de poder actuar directamente en el proceso penal".
Hasta ahora, dijo, el nivel que tenía la víctima en el proceso penal era sólo de coadyuvancia, limitándose a proporcionar información y algunos elementos de prueba. "Ahora lo que plantea este Código Nacional, en consonancia con la Ley General de Víctimas, es que la víctima ya puede tomar decisiones, aportar pruebas directamente ante el juez, complementar lo que está diciendo el Ministerio Público e incluso, puede oponerse a procedimientos que considere irregulares en el proceso, por la vía de su asesor penal".
El Comisionado de la CEAV, quien participó como corredactor e integrante del grupo promotor del Código Nacional de Procedimientos Penales que promulgó el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 5 de marzo, consideró que la reforma también permitirá dar cumplimiento a otro mandatorio del Artículo 20 constitucional, el cual prevé que todo se resuelva mediante audiencias públicas, "incluso las preliminares", en lugar de un legajo escrito, pues este nuevo sistema descansa sobre la idea de que un sistema de justicia es de mayor calidad cuando se tiene contacto directo con los distintos actores y con la fuente directa de la prueba.
Carlos Ríos subrayó que otro aspecto importante de la reforma es que permite la introducción de criterios más amplios para articular una política de "persecución penal". "Actualmente todo se procesa de la misma manera: pasa por la denuncia, se elabora la querella, posteriormente se inicia una investigación y se hace un legajo de papel muy burocrático sin importar que se trate de un secuestro o del robo de un teléfono celular. El nuevo código nos permite distinguir por tipos de fenómenos delictivos", afirmó.
"La idea es que este nuevo sistema elimine paulatinamente las formalidades, de modo tal que se privilegie la obtención de información para poder tomar decisiones tempranas respecto de cómo se deben tramitar y sistematizar cada uno de los casos. Incluso algunos podrán llevarse a un mecanismo de justicia alternativa", recalcó Ríos Espinosa.
Añadió que este nuevo sistema busca abrir múltiples opciones para dar salida a conflictos sociales derivados de delitos "y no solamente juicios orales", entre ellos destaca la estrategia de persecución penal, la posibilidad de optar por acuerdos para la reparación del daño o la suspensión condicional del proceso, así como la posibilidad de negociar con la persona imputada para la obtención de información.
El Comisionado resaltó el acompañamiento y las valiosas aportaciones que realizaron en la construcción de la nueva norma diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Red Nacional de Juicios Orales, México SOS, Asociación Alto al Secuestro y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos.
Carlos Ríos Espinosa es Maestro en Sistemas Penales Comparados por la Universidad de Barcelona y abogado por la Universidad Iberoamericana. En el ámbito profesional se ha dedicado al estudio del sistema de justicia penal y a la defensa de los derechos humanos. Desde 2004 ha impulsado la implementación de la reforma procesal penal en México.
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